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Intendente de Sarmiento pidió a un juez que prohíba el uso de bombos

 

 Apelando a las leyes frías y con el nulo compromiso de alcanzar un acuerdo, el intendente Sebastián Balochi avanzó con un recurso de amparo solicitado al juez penal de esa localidad Alejandro Rosales y pidió que los trabajadores municipales no toquen sus bombos ni protesten en voz alta en el marco del conflicto gremial que se agudizará este lunes 19 de enero. La última propuesta oficial de 2.000 pesos en dos cuotas fue rechazada.

 

Diez mil pesos por día será la multa que el juez penal de Sarmiento, Alejandro Rosales, podría estipular si los trabajadores municipales de Sarmiento vuelven a tocar sus bombos y cantar en voz alta sus reclamos contra el intendente Sebastián Balochi, amparados en la figura legal de “ruidos molestos”.

 

La jugada política y judicial con la que avanzó Balochi consiste en preguntarles a los escasos empleados que siguen trabajando si el sonido de los bombos les molesta, por lo que si la respuesta es positiva se deja constancia mediante la presencia de escribanos.

 

En ese contexto, y para evitar tener que pagar multas muy elevadas para el patrimonio del SOEMS; desde el gremio se decidió no llevar más los bombos a la vereda del municipio aunque este lunes 19 volverán a instalarse en el edificio municipal con sus familias, después de haber rechazado la última propuesta del Poder Ejecutivo que consistió en el pago de 2.000 pesos en total, divididos en dos cuotas (enero y febrero).

 

Desde el gremio, que encabeza Miguel Sáez, se recordó que desde hace más de un año se mantiene la solicitud de la entrega de información pública, de indumentaria, elementos de seguridad o información relacionada a los empleados en general, a lo que se sumó en los últimos meses la pretensión de una recomposición salarial de $3.500 a modo de bono navideño para todos los trabajadores municipales.

 

“Ante la falta de tratamiento serio, de infundadas excusas y de reiteradas promesas incumplidas por el Ejecutivo Municipal”, es que los trabajadores -en asamblea extraordinaria- llegaron a la actual retención de servicios, aclarando que “la medida no es ni paro ni extorsión como sostiene el intendente” a quien acusan de “manifestar falacias por medio de radios en forma autoritaria y peyorativa, calumniando al secretario general del gremio, aun cuando no compareció a ninguna de las reuniones solicitadas por la Secretaría de Trabajo, intentando politizar el reclamo”.

 

Dentro del duro enfrentamiento, el SOEMS sostiene también que la denunciada “extorsión” que realiza el intendente es una figura penal que -de comprobarse- merece su sanción, aclarando que “lo dicho por el titular del Ejecutivo Municipal contra Sáez y el gremio es una calumnia, figura que también amerita una denuncia penal y una sanción”.

 

Luego de cuestionar gastos desmedidos del municipio, la falta de respuesta a la información pública de las erogaciones y los destinos de fondos, de puntualizar salarios de empleados antiguos o profesionales -para comprobar la caída del poder adquisitivo- o la compra de maquinarias a precios exorbitantes, se ratificó que “el reclamo sindical es simplemente eso, un reclamo sindical en defensa de los derechos de los trabajadores”.

 

De hecho, el SOEMS sostiene que “el discurso lastimoso y falaz del intendente no se condice con la realidad del reclamo del empleado municipal donde no hay fantasmas ni cosas ocultas, simplemente hay un petitorio sustentado en la notoria merma de los ingresos”.